El país terminó el año 2022 con un crecimiento sobresaliente frente al promedio histórico y al promedio regional. La economía se recuperó rápidamente de la pandemia del COVID-19: creció 10,7 % en 2021 y aproximadamente 8,0 % en 2022. La ocupación laboral se recuperó mucho más lentamente. A penas en septiembre de 2022, el número de ocupados alcanzó una cifra similar a la de febrero de 2020. La tasa de desempleo terminó en un dígito en diciembre (9,5 %). Las malas noticias económicas vinieron por el lado de la inflación. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) creció 13,12 % el año pasado. Un aumento no observado en más de dos décadas.
El año 2023 empieza entonces con un legado de alto crecimiento, alta inflación y recuperación del empleo. Mucho de esto va a cambiar. La desaceleración económica es inevitable. Ya fue notoria en los datos de crecimiento del tercer trimestre de 2022, así como en el consumo de energía y otros indicadores líderes del cuarto trimestre. Las proyecciones de crecimiento están entre 0,5 % y 2,5 %; y han sido corregidas a la baja ya varias veces. El alto crecimiento sea lo que fuere llegó a su fin, con efectos previsibles sobre el empleo y la pobreza. Con todo, la mayor preocupación este año es el costo de vida. Traerá pobreza, hambre y desigualdad. Esta, ha puesto de presente, además, los límites de los instrumentos tradicionales de la política monetaria.
2023 es también un año de incertidumbre global, por la guerra en Ucrania, la crisis energética, las dificultades político-económicas y el mismo comportamiento de la inflación global, aunque los recientes anuncios de reactivación económica en China mejoran las perspectivas de crecimiento; y local, por los anuncios del nuevo gobierno, la ola invernal, la ambiciosa agenda de reformas que incluye cambios estructurales en la seguridad social, la política, los servicios públicos, además del plan de desarrollo que es transversal a todos los sectores.
Pocas veces se habían planteado cambios simultáneos en tantos sectores y tantas dimensiones de la política pública.
Además, la economía colombiana es vulnerable, más que otros países de la región, habida cuenta del alto déficit fiscal y el alto déficit externo. El déficit fiscal y el déficit externo están cercanos a 6 %. Estos números implican, entre otras cosas, que el gobierno y el sector privado están obligados a acudir a los mercados internacionales para financiar una alta proporción de sus gastos, precisamente cuando los costos de financiamiento están creciendo, por el incremento de tasas en las principales economías y la mayor percepción de riesgo en países emergentes como Colombia.
Como ha sido señalado por varios analistas, no hay mucho margen de error. Cuando uno necesita financiarse y las condiciones financieras se están deteriorando, la credibilidad es clave.
Pero el comportamiento de la economía no está ya determinado. Dependerá de las expectativas y las decisiones de empresarios y consumidores. Estas decisiones no solo deben consultar el corto plazo. Deberían tener en cuenta las fortalezas institucionales de Colombia: un banco central independiente, una tecnocracia sólida (quizás en riesgo), unos contrapesos consolidados (tanto el Congreso como las Cortes y los gobiernos locales), una prensa escrutadora, una mano de obra capacitada.
La economía tiene por delante el reto de la transformación productiva, de diversificar su oferta exportadora y esta tarea (de mediano plazo) debería comprometernos a todos más allá de la incertidumbre y los nubarrones (de todo tipo) de este año que comienza.
